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Guaidó: No vamos a covalidar otro fraude

     * El embajador de EEUU en Venezuela conversó en vivo con el presidente interino y le reiteró su apoyo.

El presidente interino, Juan Guaidó desconoció nuevamente la participación de su grupo parlamentario en lo que ha calificado como el fraude que propone Maduro. “No se puede llamar a eso elecciones”, precisó durante una entrevista mantenida en la tarde de ayer con el embajador de EEUU en Venezuela James Story, transmitida en vivo por el site digital de la embajada en Facebook.

“No vamos a covalidar el fraude. Respetamos a todos los líderes pero ratificamos la no participación en un fraude”, precisó Guaidó  al reconfirmar el comunicado que había emitido su equipo de gobierno un día antes  desconociendo las negociaciones para la liberación de los presos políticos, las que se atribuyeron Henrique Capriles y Stalin González, con la mediación del gobierno de Turquía.

La entrevista fue un claro espaldarazo del gobierno norteamericano a la gestión del presidente interino, con afirmaciones contundentes de apoyo y la intencionalidad continuar en el proceso de liberación del pueblo venezolano, para lo cual el embajador aclaró que es necesario trabajar en las condiciones previas, que comienzan por la unidad de la población que rechaza al régimen.

Incluso ante una pregunta de un medio local, el embajador Story indicó que todas las opciones siguen estando sobre la mesa para Venezuela, en clara referencia a la acción militar; no obstante, enfatizó que es necesario seguir con el trabajo de campo para obtener el apoyo de los movimientos cívicos y sociales en torno al proceso de transición.

Por su parte, el presidente interino se concentró en anunciar el “marco para la transición política”, una estrategia de trabajo que presentará en los próximos días, siguiendo en la ruta de sus tres propuestas iniciales:

“Las condiciones siguen siendo las mismas: cese de la usurpación, gobierno de transición y esto implica un árbitro independiente, y tercero, elecciones libres para que sean justas y verificables”.

   Para lograr elecciones justas Guaidó precisó cinco condiciones:

“1. El derecho a elegir y ser elegido: no es la dictadura quien decide quienes son los candidatos; es Venezuela que debe decidirlo.

2. Los partidos tienen que estar en manos de sus dirigentes legítimos; no es el falso tribunal supremo de Justicia el que decide quienes son los líderes de sus partidos.

3. Un cronograma electoral para comicios presidenciales y parlamentarios.

4. Un árbitro independiente, electo tal como lo dice la Constitución, y

5. La presencia de observadores internacionales,  y todo esto toma su tiempo”.

   En cuanto a las divergencias con los dirigentes María Corina Machado y Henrique Capriles, el presidente encargado indicó que a pesar de esas disidencias  hay también que destacar que de su lado están 27 partidos, 105 organizaciones internas, más la diáspora internacional, todos unidos en el rechazo a ese nuevo fraude propuesto por la dictadura, y en no legitimar ese proceso electoral de diciembre.

Ambos interlocutores recalcaron el interés en renovar el acuerdo legal de Venezuela con la DEA para actualizar las condiciones de extradición, en clara referencia a los delitos de narcotráfico atribuidos a Maduro; y  Guaidó recordó que  la Comisión de Seguridad e Inteligencia Policial, integrada por Iván Simonivis, Carlos Paparoni y Einer Giuliani están trabajando en un acuerdo de cooperación, para ampliar las acciones en contra del narcotráfico y del terrorismo.

El embajador también apuntó que este trabajo incluye el lograr la designación del FAES como grupo terrorista, partiendo de su condición de grupo de exterminio, mención hecha en el último informe de Michelle Bachelet, Comisionada Internacional para los DDHH.

   Al consultarle sobre el retraso de cinco meses en el pago del bono para los trabajadores de la salud, Guaidó indicó que ya lograron superar el bloqueo interno, a través de wallets digitales o cuentas por internet; estos días 70 mil trabajadores recibirán un bono de 100 dólares; asimismo, esperan poder ampliar este beneficio a otros sectores. El presidente explicó que el proceso fue largo porque hubo que crear toda la infraestructura legal: el fondo de liberación, el banco central, la contraloría, la comisión de seguimiento para el uso de los recursos disponibles, a través oficina de control de activos, porque están haciendo un esfuerzo en combatir esas denuncias de manejos irregulares de los fondos que están recibiendo desde el exterior.

régimen venezolano Recrudece la tortura

La directora del Instituto CASLA, Tamara Suju acompañada de la ex vicepresidenta de la Sub Comisión de Derechos humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra,

El recrudecimiento de la tortura y el agravamiento de los métodos degradantes usados por las fuerzas de seguridad venezolanas sobre presos políticos y opositores, ha sido denunciado por el Instituto Casla en su informe anual 2019, en el cual se hace un recuento pormenorizado de éstos casos de represión.

    El informe incluye 83 nuevos testimonios documentados de tortura en centros de detención o en zonas militares (e incluso en centros clandestinos) 45 asesinatos en manifestaciones, una persona víctima de desaparición forzada y 4 ejecuciones extrajudiciales, todos éstos presentados con pruebas ante la Corte Penal Internacional de la Haya, como parte el proceso contra el régimen venezolano, por delitos de Iesa Humanidad.

     El informe fue publicado este viernes en Madrid por la directora del Instituto, la abogada penalista Tamara Suju, quien desde el año 2004 ha documentado casos de torturas en los centros penitenciarios venezolanos.

    Suju también se encuentra en el exilio desde el año 2014 tras ser detenida y amenazada por funcionarios de seguridad venezolanos, en un intento de reducir sus constantes denuncias contra el régimen de Maduro.

     En esta ocasión la abogada presentó vídeos con relatos de víctimas y de sus familiares en los que se explican los métodos crueles usados para doblegar la voluntad de los detenidos; algunos de ellos ampliamente difundidos en medios internacionales.

    Uno de éstos es el del Capitán Rafael Acosta Arévalo, quien luego de su detención por supuestos delitos de traición a la patria, fue presentado ante un tribunal en silla de ruedas, sangrando, con 16 costillas y un pie fracturado, sin habla y con los ojos desorbitados debido a las graves lesiones que, seguidamente, le causaron la muerte.

       Entre las denuncias el informe también menciona del aumento en el uso de métodos cada vez más degradantes y dolorosos de coacción: descargas eléctricas en los genitales con incrustación de agujas, perforación de uñas, asfixias sucesivas con bolsas plásticas, en algunos casos rociadas con gases tóxicos, colgamiento de los detenidos en vigas durante días privándoles del baño y cualquier tipo de aseo; además de toda clase de golpizas y diversos tipos de violencia sexual.

    Los casos de torturas blanca o aislamiento prolongados también se repitieron en un 49% de las víctimas: se les privó de alimentación, del sueño y de luz solar, y a algunos se les sometía a temperaturas de frío extremo.  Según las denuncias de las víctimas en uno de los sótanos del centro de DGCIM, centro de Inteligencia Militar venezolano, se ha instalado un cuarto cava o nevera, donde se somete a los detenidos a largos periodos de congelamiento.

       Las lesiones de las víctimas son graves, algunas han quedado con miembros dislocados, paralización de las manos y órganos, con efectos psicológicos de larga duración.

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    Este informe, entregado a la Corte Penal Internacional el pasado 12 de diciembre del 2019, también hace una actualización en la cadena de mando de los organismos represores del régimen venezolano. El principal organismo denunciado ha sido precisamente el DGCIM, ejecutor en casos de torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual, seguido por el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y las Fuerzas Armadas; se incluyen en la lista los nombres de los Fiscales y Jueces que permitieron o no denunciaron los delitos de Iesa humanidad.

Violencia hacia pueblo Pemón

   El informe destaca especialmente el ensañamiento del régimen contra la etnia Pemón, ocurrida en enero del 2019, a causa del apoyo que dado por esta comunidad al plan de ayuda humanitaria organizado por la oposición.

   En particular se menciona el ataque de militares armados del FAES en una comunidad indígena, causando siete muertes, 51 heridos por balas y más de 60 detenciones entre las que hay 36 denuncias de torturas. Tras este incidente de represión se han repetido múltiples casos de persecución y amedrentamiento hacia los indígenas, relacionados con la sobreexplotación de las minas de oro y Coltán ubicadas en la selva. Estas amenazas han ocasionado el desplazamiento de más de un mil 200 pemones desde sus tierras hacia refugios en Brasil.

   La directora del instituto Casla advirtió que la creciente escalada de violencia por parte de los cuerpos de seguridad en Venezuela no excluye edad, sexo ni condición física, recordando, un caso reciente ocurrido el 26 de diciembre pasado, cuando como represalia por la fuga del Capitán Heredia de una cárcel militar, fueron apresados sus padres de 84 y 64 años, una hermana, un cuñado, una vecina y un sobrino de ocho años.

   Injerencia Cubana

     Como parte de las denuncias incluidas en el informe, Suju advirtió sobre la injerencia de militares cubanos en los centros de seguridad venezolanos participando en la planificación y comisión del crimen de la tortura, para lo cual presentó 12 testimonios directos de víctimas que identificaron oficiales en diversos centros clandestinos.

    “…El adiestramiento que realizan, tanto en la isla como en el país, de funcionarios de organismos de seguridad y de civiles, las misiones que visitan las distintas guarniciones militares y de inteligencia, el adiestramiento al personal en sistemas de espionaje y represión son trabajos que realizan conjuntamente con el Ministerio de Defensa y el CEOFAN”.

     En refuerzo a esta denuncia, el informe adjunta el testimonio del Teniente Ronald Dugarte Silva, quien estuvo adscrito a la dirección de Contrainteligencia Militar, en el que se detalla la red de inteligencia paralela, integrada por los llamados colectivos (paramilitares) empresarios y funcionarios públicos, como parte de la estructura represiva del régimen de Maduro, que promueve el uso de métodos de tortura y amedrentamiento, internacionalmente reconocidos como crímenes en contra de la humanidad, que no prescriben.

Desalojan a Pemones del aeropuerto fronterizo

Aeropuerto de Santa Elena de Uairén, que había sido otorgado en administración a la Etnia Pemón.

    Con centenares de colectivos armados, funcionarios de la gobernación y militares de la GN desalojaron de forma forzosa a los indígenas pemones, encargados de administrar el  Aeropuerto Internacional de Santa Elena de Uairén, y les dejaron detenidos en el fuerte militar Escamoto.
    La administración del aeropuerto había sido concedida hace tres años a la etnia Pemón por un convenio que cedía a la gobernación los terrenos, propiedad de los indígenas, para construir las pistas aéreas, y a la vez, permitiría a la comunidad recibir las regalías por las actividades turística efectuadas en la estación aérea. 

Tal como lo informa el diputado a la Asamblea Nacional, Américo de Grazia, el capitan indígena de la comunidad pemona Maurak, Jorge Gómez, se presentó al aeropuerto a realizar sus labores de administración habituales, y fue recibido con agresiones por un Coronel no identificado y el funcionario de la gobernación Óscar Maíta, acompañados de unos 700 hombres armados, algunos con acento colombiano, y otros aparentemente liberados de las cárceles para labores de amedrentamiento.
     El desalojo es parte de la retaliación del gobierno de Maduro contra la etnia por haber participado en las acciones de  avanzada, para abrir el paso a los camiones que llevarían la  ayuda humanitaria desde Brasil.
   El pasado sábado 23 oficiales de la GN se presentaron disparando en el campamento Kumarakupay (o por su nombre castellano San Francisco de Yuruaní), causando 4 fallecidos y una decena de heridos de bala en la etnia, que apenas tiene unos 335 pobladores en todo el territorio venezolano.   Hasta el martes los militares mantuvieron retenidos 16 pemones en el Fuerte Eskamoto, entre ellos un adolescente.

Ayer durante el desalojo del aeropuerto, nuevamente un numeroso grupo de pemones fueron llevados como detenidos al mismo fuerte militar.   El alcalde Emilio González,  el único representante político de las etnias nativas, tiene orden de búsqueda y captura “vivo o muerto”, al igual que otros líderes de pemones, quienes huyeron hacia las montañas para resguardarse de las amenazas.
  González informó a través de su cuenta de Twitter, que se encuentra en Boa Vista, dónde será atendido de una dolencia renal, de la que fue operado en el mes de diciembre, y se le ha agudizado por los recientes sucesos.   

Gran parte de los pobladores de la etnia, asentados en Kumarakupay, han salido hacia refugios por temor a otras arremetidas de los militares.    

Tensión en la frontera    

La ciudad fronteriza de Santa Elena de Uairén se encuentra en una tensa calma desde el pasado sábado, y a partir de las cinco de la tarde queda casi en toque de queda, porque la población teme nuevos ataques de colectivos armados, traídos a la zona para apoyar las acciones de la GN.
    Además de las decenas de heridos por armas de fuego que dejaron a la población aterrorizada, el pasado martes funcionarios de la GN detuvieron también a los “trocadores” o comerciantes que cambian los Bolívares a Reales o a Dólares, para poder mantener el comercio con Brasil, principal actividad económica del pueblo.
   El diputado DeGrazia explicó que al Fuerte Escamoto han llegado alrededor de 3 mil hombres armados, entre ellos presos y pranes que han sacado de las cárceles de El Dorado y Vista Hermosa, además de colectivos armados de varias ciudades del sur para actuar como elementos disuasores y anular las protestas.   

La frontera terrestre continua cerrada y también el aeropuerto, por lo que la ciudad de Santa Elena de Uairén se encuentra paralizada, y a la espera de ayuda, especialmente de material médico para la gran cantidad de heridos que permanecen en el hospital local.  (Ximena González)

Amenazan de muerte a líder Pemón

Yuruani
Mapa de la zona fronteriza. Junto a la población San Francisco de Yuruani se ubica el poblado pemón Kumaracupay.

Tras un intenso enfrentamiento para permitir el paso de la ayuda humanitaria por la línea fronteriza con Brasil, el alcalde de la etnia Pemón, @AlcaldeEmilio y los “capitanes” de su poblado, fueron amenazados de muerte por Diosdado Cabello, militar madurista, quien emitió una orden de captura en su contra, indicando que le busca “vivo o muerto”.
La información la divulgó el diputado del Estado Bolívar (limítrofe con Brasil) @AmericoDeGrazia en su cuenta de Twitter, el sábado 23 de Febrero, un día después de los intentos por pasar los cargamentos de ayuda humanitaria.

–El vídeo adjunto muestra al Alcalde pemón, Emilio González, intentando convencer al piquete de la GN de abrir el paso fronterizo. —

Los nativos de la etnia Pemón de Kumaracupay, oriundos de la selva amazónica venezolana, conviven civilizadamente cerca de Santa Elena de Uairén (población fronteriza con Brasil).

Los pemones iniciaron las primeras acciones para abrir la vía fronteriza y permitir el ingreso de la ayuda humanitaria desde el viernes 22 de febrero. Con palos y flechas exigieron a funcionarios de la Guardia Nacional venezolana que abrieran el paso fronterizo, y lograron su cometido, hasta primeras horas de la mañana del sábado.

En represalia a esta primera acción, un piquete de la Guardia Nacional se presentó en Kumarakapay (llamado en castellano San Francisco de Yuruany) a 68 Kms de Santa Elena de Uairén, disparando y causando más de una decena de indígenas heridos, entre ellos una mujer que cocinaba en su choza y falleció por la herida de bala.
Los pemones se defendieron y lograron retener a cuatro de los militares, entre ellos al General de Brigada José Miguel Montoya. Como prueba de su acción, grabaron un vídeo del General mientras recibía una arenga del diputado indígena @Romelguzamana, publicado en Twitter. El General fue liberado y se intentó llegar a una mediación pacífica entre los militares locales y los líderes nativos, pero llegaron órdenes opuestas desde el alto mando militar.
En la mañana del sábado 23, parte de la población de Santa Elena de Uairén, salió caminando hacia la frontera para proteger los camiones de ayuda humanitaria que apenas estaban ingresando al territorio venezolano; pero este grupo también fue reprimido con disparos de los militares, quienes ya habían enviado un segundo contingente para reducir la protesta.
Al final de la tarde del sábado 23F habían llegado 14 fallecidos y más de 50 heridos al colapsado hospital Zurita de Santa Elena, con el agravante que en ese pequeño centro de salud no hay insumos ni medicinas, por lo que los heridos apenas recibieron asistencia.Los sucesos de la tarde del sábado 23 fueron relatados a la periodista de Te lo cuento News por un vecino de Santa Elena de Uairén de apellido Guerrero.

“Estabamos en una protesta que en un principio fue pacífica, nos dirigíamos a la frontera, tratando de pasar para buscar la ayuda humanitaria y fuimos reprimidos por la GN, primeramente con bombas lagrimónegas y seguidamente con perdigones. Resistimos, pero después comenzaron a dispararnos con armas de fuego, hiriendo a más de 20 personas”.
Guerrero destacó que ese comando de la GN de Santa Elena de Uairén está tomado por efectivos de la GN que no son de su población. “Tampoco los soldados del destacamento local 5102 se enfrentaron contra el pueblo… Todos los efectivos de la GN que están viniendo no son de aquí, son hombres blancos, aperfilados”.
El informante apuntó que en horas de la tarde en el centro de Santa Elena de Uairén hubo otro enfrentamiento con estos hombres uniformados, a quienes se les veía desorientados porque no conocían las calles, pero la población no podía exponerse porque portaban armas de fuego. No obstante, al final de la tarde, el grupo de la resistencia civil nuevamente intentó salir por las ayudas, y muchos más resultaron abaleados.
Periodistas internacionales que llegaron a Santa Elena para reflejar la situación, informaron ayer que la sede dónde se alojaban fue asediada intensamente por esos mismos militares.
Extraoficialmente se ha informado que la población indígena ha tenido que huir de su poblado porque el régimen madurista ha enviado 40 autobuses con colectivos (civiles armados) para reprimirles y cumplir la orden de Cabello contra los capitanes del pueblo Pemón. (XGB)